Revista Nexos / Marzo 7, 2023
El 28 de abril de 2022, durante la inauguración del Centro Estatal de Identificación Forense, se llevó a cabo la celebración de los convenios de colaboración para la ejecución del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en San Luis Potosí. Luego de al menos dos años desde su creación como estrategia para hacerle frente a la problemática que prevalece en los servicios forenses del país, la entidad potosina se convirtió en la primera a nivel nacional que se sumó a estos esfuerzos. Por ello, resulta necesario reflexionar sobre las oportunidades que se revelan en esta coyuntura para la atención de la desaparición a nivel local.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al día de hoy existen 804 personas desaparecidas sin localizar en la entidad.1 Si bien esta cifra puede parecer menor a comparación de la realidad de otros estados, lo cierto es que desde la ciudadanía y, sobre todo, desde los colectivos de familiares de personas desaparecidas, actualmente se percibe un serio problema de seguridad que ha incidido en el recrudecimiento del fenómeno, especialmente en la Zona Media. Frente a esta realidad, la ejecución del MEIF se presenta como una oportunidad única para desarrollar políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, la verdad, la reparación, la no repetición y la memoria de las víctimas de desaparición en San Luis Potosí.
Los términos de la colaboración se establecieron entre tres autoridades principales: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría General de Gobierno en representación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEB), al ser este uno de sus órganos desconcentrados. En el caso de la relación MEIF-FGE se dispuso la cooperación en el fortalecimiento de los “mecanismos y sistemas de datos en materia de identificación humana” y en los “análisis de las intersecciones entre las desapariciones, violencia basada en género, feminicidio, trata de personas y el curso de vida”. En el caso del MEIF-CEB,2 se señaló, principalmente, la contribución en el “fortalecimiento de las capacidades del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda, así como de los mecanismos y sistemas de datos que favorezcan las acciones de búsqueda y localización de las personas desaparecidas y no localizadas”.
Durante la presentación de su Primer Informe de Trabajo, el Grupo Coordinador del MEIF señaló la existencia de 613 personas fallecidas sin identificar (PFSI) en la entidad. Ello significa una aproximación al total de intervenciones que tentativamente podrían realizar considerando su mandato: la atención de los cuerpos o restos de PFSI que hayan sido resguardos hasta 2019, y de forma excepcional, aquellos sobre los que se tenga noticia de forma cotidiana. Desde aquí, y considerando que esto representaría un avance en el desahogo de los trabajos que al día de hoy realiza el Servicio Médico Legal (Semele), podemos observar las siguientes oportunidades para la entidad.
En primer lugar, el avance paulatino —pero progresivo— en los procesos de identificación permitiría la reactivación de las investigaciones en casos de desaparición (sobre todo los de larga data) que hayan quedado inconclusos, así como la disposición de medidas adecuadas para la restitución a las familias de las víctimas. Esto, a su vez, exigirá que se proyecten acciones estratégicas (y necesarias) al interior de las instituciones encargadas de la atención del fenómeno; entre ellas, el fortalecimiento de la Unidad para la Atención de las Personas Desaparecidas (dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos), la mejora en los procesos de planeación y organización de la CEBP, la construcción de canales de participación social en las anteriores, y el aprovechamiento de espacios clave para la toma de decisiones como el Sistema Estatal de Búsqueda.
Otra de las áreas de oportunidad que observamos es aquella que se refiere al análisis de las interacciones que ocurren entre las desapariciones y delitos como el feminicidio y la trata. En la actualidad, la entidad cuenta con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en seis de sus municipios (Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín); a pesar de ello los esfuerzos para entender estas relaciones han sido limitadas. En contraste, durante los últimos meses los registros de mujeres desaparecidas y no localizadas han ido en aumento. A esto se suman los resultados publicados por la Unidad de Feminicidios y Acceso a la Justicia de la FGE que dan cuenta de la íntima relación que existe entre estos fenómenos. Por ello, apostar por la consolidación de espacios dedicados al desarrollo de análisis de contexto y la identificación de patrones o condiciones comunes en casos de desaparición, principalmente de mujeres, es fundamental para prevenir estas violencias, y darle celeridad a los procesos de investigación y búsqueda.
La tercera dimensión de mejora es la del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las instituciones en materia de identificación humana. Los procesos de búsqueda cuentan con la participación de diversos tipos de autoridades (primarias, transmisoras, informadoras y difusoras); por ende, contar con plataformas que faciliten el acceso, cruce y la actualización de información en tiempo real permitiría mejorar las acciones interinstitucionales que se desarrollen en el marco de una desaparición. Esto se liga con el mandato establecido en la Ley local respecto al desarrollo de Bancos de Datos Forenses y Registros de Personas Desaparecidas y Fosas, mismos que aún están pendientes.
La última de las oportunidades que se presentan en esta coyuntura se refiere a la posibilidad de activar las operaciones del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda. Este recinto es el segundo en su tipo a nivel nacional (después del de Coahuila); por lo tanto, es fundamental priorizar la acreditación del laboratorio de genética para darle continuidad a los procesos de identificación que se lleven a cabo, independientemente de los que realice el MEIF.
Indudablemente, la tarea del Grupo Coordinador y de las Unidades Especializadas que actualmente laboran en la entidad es compleja. A esto, se suma la necesidad de que persista la voluntad política para que puedan cumplir con los objetivos que refiere su propio mandato. La ejecución del MEIF en los ámbitos locales se logra a través de la solicitud que con este fin remitan las autoridades respectivas y su continuidad exige que se refrenden los compromisos pactados. En el caso de San Luis Potosí, existen dos fechas determinantes: por cuanto hace a la relación entre el UNFPA-FGE, se ha dispuesto su vigencia hasta el 26 de octubre de 2024; y en el caso de UNFPA-CBE, el 26 de septiembre de 2027.
Habrá que hacer una labor de auditoría social sobre el MEIF, pero principalmente sobre las autoridades locales implicadas en estos procesos a fin de que no abandonen el compromiso: desde la FGE y la CBE pero, sobre todo, desde el Poder Ejecutivo. No hay que olvidar que este logro es resultado de la exigencia de las familias de víctimas de desaparición en San Luis Potosí, y por ello lograr su sostenimiento en el tiempo nos convoca a todos y todas indistintamente.
Brenda González Lugo Abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación abordan las desapariciones, el crimen organizado y los derechos humanos. Integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí. Opiniones a título personal.
1 Esta información fue obtenida el día 13 de diciembre de 2022 a las 17:13 horas. El RNPDNO se actualiza en tiempo real y por ende, los datos que se reporten después de esta fecha pueden variar.
2 Secretaría General de Gobierno, “Respuesta a solicitud de información mediante Oficio SGG/UT/546/2022”, 2022.